En el pleno del pasado jueves, se aprobó una moción a propuesta del grupo de ICV-EUiA, con el apoyo del PSC, que plantea al Parlament de Catalunya la elaboración de la Llei del Mínim Vital Garantit, que proteja las necesidades básicas de las personas para vivir dignamente: alimentación, suministros de servicios, vivienda. De hecho, la moción apoya una iniciativa legislativa popular que se está promoviendo entre la sociedad civil.
Algunos dicen que ahora no es el momento de plantearse estos gastos. ¿Cuándo si no ahora nos encontramos día tras día con estas urgencias en nuestros servicios de atención social básica? Estamos intentando, con la colaboración de las entidades que participan en el Acuerdo Social, paliar de alguna manera estas “carencias” del sistema, como con la Botiga Solidaria o la Oficina de Mediación Hipotecaria. Pero no hace falta suplir, hace falta hacer un esfuerzo conjunto, hace falta despertar la conciencia de empresas suministradoras que siguen teniendo beneficios millonarios, hace falta que los bancos no traten a las personas hipotecadas como fichas de un juego. El contexto es de urgencia social y algunos siguen pensando sólo en su negocio; estableciendo una debida protección mínima, ganaríamos exponencialmente en capital humano para trabajar en el futuro.
Con los últimos datos en la mesa, España ha superado los cinco millones de parados. Cualquier crisis es dolorosa y superarla requiere sacrificio. Pero entre todos podemos ser capaces de reflexionar que a nuestro alrededor no todo está tan mal como para permitirnos olvidar a los más débiles.
