Cada día me cruzo y hablo con ciudadanos y ciudadanas que me explican alguna situación dramática y desesperada a causa de la crisis que nos azota. No es números de lo que hablo, son casos reales de personas, con historias duras, que tienen cargas familiares y que ven con desesperación el futuro inmediato. Sus demandas en la calle nos hacen reaccionar, aunque cada uno con las competencias, responsabilidades y compromisos que hemos asumido. Nuestra responsabilidad como gobernantes progresistas no nos permite cruzarnos de brazos a esperar, de ahí nuestra preocupación y esfuerzo permanente por movilizar, por atraer, por impulsar iniciativas a través de las políticas municipales, del Acuerdo Social contra la Crisis, o con el planteamiento de cambios legislativos, como el que propusimos en febrero al Parlament de Catalunya para la elaboración de la Llei del Mínim Vital Garantit, que permita proteger las necesidades básicas de las personas para vivir dignamente: alimentación, suministros de servicios, vivienda. Y también con medidas paliativas, como los planes de empleo municipal, La Botiga Solidària, la Oficina de Mediación Hipotecaria, el incremento en las partidas destinadas a la Teleasistencia o las ayudas para pagar el IBI a personas con pocos recursos de la ciudad, que este año se han triplicado para llegar a más población. No debemos perder de vista que el bienestar de las generaciones futuras está en juego y crear ahora una fractura social puede tener consecuencias irreversibles. Todos somos responsables, todos tenemos que actuar y ser consecuentes.
