La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en los últimos años en un problema importante y preocupante para las comunidades de vecinos y para los ciudadanos, así como para los gobiernos locales, porque se pone en riesgo la convivencia y la seguridad de las personas.
El crecimiento de estas acciones delictivas en los últimos meses hace imprescindible que las administraciones competentes tomen cartas en el asunto de forma inmediata y se revisen las políticas de vivienda para atajar estos y otros problemas. Con esta inquietud, aprobamos una moción en el pleno del mes de septiembre con el objetivo de instar e insistir al Govern de la Generalitat a tomar medidas inmediatas que regulen y actúen contra esta ocupación ilegal, que en muchos casos se realiza por parte de grupos de extorsión que se aprovechan de los colectivos más vulnerables.
En Cornellà llevamos años impulsando medidas en materia de vivienda como la promoción de vivienda social, la creación de una bolsa de pisos vacíos puesta a disposición de los ciudadanos para poder ocuparlos de forma legal con las garantías que eso supone, o con asesoramiento y soporte a la ciudadanía a través de la Oficina Local de Vivienda. Pero nos faltan competencias para poder actuar de forma rápida y eficaz en los casos de ocupación ilegal, una medida que reclamamos de forma persistente.
Además de que se hace imprescindible el impulso inmediato de políticas de vivienda eficaces, por parte de la Generalitat, con más recursos y el fomento de la coordinación entre administraciones para abordar las diferentes tipologías de ocupación.
Es un tema que genera alarma social y que debemos abordar lo antes posible para evitar que se convierta en una práctica habitual por parte de grupos extorsionadores que se aprovechan de la fragilidad de la legislación y de la debilidad de las personas más vulnerables.
