El pasado 12 de febrero el Congreso de los Diputados vivió una jornada importante, histórica para los miles de ciudadanos y ciudadanas atrapados por unas hipotecas, que con la crisis, se han convertido en su talón de Aquiles, y que en casos concretos ha culminado, desgraciadamente, con el suicidio por una situación extrema de angustia.
Ha tenido que ser esa presión popular de un millón y medio de firmas la que ha obligado a llevar al Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y tras el rechazo reiterado del Partido Popular a la iniciativa que propone la dación en pago como fórmula para evitar los desahucios hipotecarios. Un hecho histórico, como he dicho, que tan sólo se ha dado cuatro veces en nuestra corta andadura democrática.
En 2012 ya mostré mi defensa de la dación como forma de pago y también planteé la necesidad de establecer por ley la obligación de que las entidades financieras redujesen las cuotas de amortización de las hipotecas que tengan concedidas para vivienda habitual y en vigor, si el valor actual del inmueble es inferior al que se fijó en el momento de su tasación. Con esta reducción de cuotas de amortización mensual y la adecuación de las condiciones de devolución se podría reconducir la situación en aquellas familias que actualmente no pueden hacer frente al pago pero quieren mantener su vivienda, y que se han visto afectadas por unas condiciones del mercado que les eran ajenas. El objetivo no es otro que buscar en cada caso, la fórmula mas adecuada para garantizar el derecho a la vivienda a un precio razonable y viable.
Nosotros hemos intervenido en la medida de nuestras posibilidades, a través de la Oficina de Mediación Hipotecaria, mediante la cual se buscan fórmulas para reconducir situaciones y que en los seis meses que lleva funcionando hemos conseguido parar 16 desahucios.
El Congreso se ha dado un plazo de un mes para tramitar la ILP, atender las enmiendas y elaborar un texto definitivo, que esperemos no se quede en un mero maquillaje para acallar la presión social y el escenario de malestar que las muertes de personas han generado en la sociedad. La Ley que ahora se elabore debe dar respuestas concretas y claras, no quedarse en medias tintas, como algunos pretenden, porque seguir poniendo en riesgo la estabilidad social puede crear una fractura muy difícil de recuperar.
