27 d’octubre de 2014

357 desahucios interrumpidos

Es imprescindible que seamos coherentes y pongamos los pies sobre la tierra. La vorágine política, económica y social que vivimos actualmente, con constantes informaciones sobre los denominados “macrotemas”, no nos deben despistar del día a día, de las personas que siguen sufriendo las consecuencias de una crisis, que, como estamos viendo, entre unos y otros se han encargado de acrecentar.

Por ello, cuando damos datos como el número de desahucios que desde el Ayuntamiento y la FAVCO hemos parado en los últimos dos años, ponemos cara a esa crisis y aportamos una pequeña luz a situaciones de absoluta desesperación. Han sido en total 357 familias con las que hemos luchado para que mantuviesen su hogar, sus vidas y su entorno. En todo este período hemos atendido más de 600 casos, y el 59% se han solucionado favorablemente, mientras que un 10 están pendiente de resolución.

Éste es uno de los objetivos prioritarios que nos fijamos cuando firmamos el Acord Social contra la Crisi (2012-2015). Y bajo su paraguas creamos hace dos años la Oficina de Mediación Hipotecaria para ofrecer apoyo y aportar soluciones a las familias afectadas por los desahucios.
En diferentes ocasiones, me he manifestado en contra de estas prácticas, solicitando al Gobierno del Estado la suspensión de los desahucios de las residencias habituales de personas en dificultades, la necesidad de reducir las cuotas hipotecarias de las familias afectadas o dar función social a las viviendas vacías. Hace tiempo también, me pronuncié a favor de la dación en pago y sobre la necesidad de establecer por ley la obligación de las entidades financieras a reducir las cuotas de amortización de las hipotecas si el valor de la vivienda era inferior al que se fijó en el momento de su tasación.
Asimismo, mediante acuerdo plenario, determinamos, aplicando la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, imponer sanciones a las entidades financieras que mantengan viviendas desocupadas por un periodo superior a dos años y que dispongan de la primera licencia de ocupación que garantiza su uso como vivienda.
El acceso a una vivienda digna, es un derecho que contempla el vigente Estatuto de Autonomía en su artículo 26, y la Constitución Española en sus artículos 47 y 33. Se trata de dar soluciones, estudiar cada caso, y demostrar que para muchas de estas personas su hogar es sinónimo de estabilidad personal y emocional.