Según los últimos datos publicados, la vivienda registró en 2017 la mayor subida de precios desde antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Según el INE, subió una media del 6,2% el año pasado, la mayor tasa media anual desde 2007. Del mismo modo, los precios de los alquileres mostraron en el pasado ejercicio un aumento superior al 18%. Sin duda son precios que, tras la severa crisis de la que venimos, son claramente inalcanzables para muchas familias o jóvenes con ganas de independizarse, sobre todo si tenemos en cuenta los niveles salariales con los que nos encontramos.
En Cornellà, como en la mayoría de ciudades, hemos sido testigos de esa precariedad y hemos asistido a la crueldad de los desahucios. Por ello, una de nuestra prioridades al iniciarse la crisis y en los años posteriores ha sido intentar paliar, con los medios a nuestro alcance, las distintas situaciones a las que se enfrentaban nuestros vecinos y vecinas.
El Acuerdo Social Contra la Crisis, firmado por primera vez en 2009 con alrededor de 40 entidades, instituciones y agentes sociales, hacía hincapié en esta problemática y en la necesidad de paliar en la medida de nuestra posibilidades esta situación que se traducía en desahucios y desprotección social.
Entre las medidas que hemos puesto en marcha a lo largo de estos años, junto con la FAVCO, ha sido la Oficina de Mediación Hipotecaria en 2012, para interceder entre las entidades financieras y las familias que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca. Desde entonces se ha conseguido paralizar más de 400 desahucios. Además he manifestado siempre mi apoyo a la dación en pago o que las entidades redujeran las cuotas de amortización.
Promover que los vecinos con pisos en propiedad vacíos los destinasen a alquiler social, además de aumentar la cartera de estas viviendas también son objetivos. Y hemos seguido apoyando a las familias afectadas con la creación de una Oficina para facilitar la reclamación extrajudicial de las cláusulas suelo. Además de crear una ordenanza para poder sancionar a los grandes tenedores de pisos vacíos, para evitar la especulación, la cual nos ha permitido por el momento sancionar una inmobiliaria con 20 pisos vacíos en la plaza del Sol.
Son una pequeña muestra, pero la brecha es importante, y si no se ponen los medios y las leyes no se adecúan a la realidad y a la defensa constitucional del derecho a la vivienda, seguirá siendo uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, y aumentarán, sin duda, las desigualdades sociales.
