Estos días se ha hablado mucho del plan del PP para que los municipios de toda España declaren las facturas a proveedores pendientes de pago correspondientes a 2011, y que les obliga a acogerse a un plan de viabilidad para liquidarlas. Han aparecido cifras muy dispares, que no entro a valorar en detalle porque creo que no me corresponde.
Habréis leído también que Cornellà no tiene que acogerse a este plan. Las facturas pendientes de 2011 -que ascendían a unos 600.000 euros, bastante lejos de otros municipios parecidos- han sido saldadas a cargo del remanente del presupuesto para 2012. La gestión responsable y prudente presupuestaria de los últimos años, con una deuda per cápita entre las más bajas de España en una ciudad de nuestro tamaño, nos ha permitido evitar tener que entrar en ese plan de viabilidad.
La medida del Gobierno central puede ser razonable en cierta medida y positiva para los proveedores, pero no soluciona la raíz del problema. Además, da al ejecutivo una excusa más para intervenir en las cuentas municipales, y teledirigir como se gastan su presupuesto. ¿Qué alternativa tendrán los municipios con más dificultades cuando deban recortar más todavía sus gastos? Recortar donde todos sabemos, en las prestaciones sociales y comunitarias que ya están en riesgo. Para agilizar los pagos y el gasto no hace falta que nos tutelen, primero es necesario racionalizar y organizar los ingresos de los municipios, o si no, seguiremos estando atados de manos.
