Se acerca el momento de aprobar los primeros presupuestos municipales de este nuevo mandato, y en su elaboración deberemos tener presente el actual contexto económico y político que nos rodea. En especial, tenemos que estar muy atentos a las consecuencias de una posible ralentización del crecimiento de la actividad económica; para determinar qué dirección deben tomar esos primeros compromisos de gasto, considero que el ritmo de la locomotora municipal va a tener que estar presidido por la prudencia, ante las inestabilidades que los acontecimientos económicos y políticos auguran.
En primer lugar, para llevar adelante un presupuesto de mandato, debemos pensar el contexto en el cual habrá que llevarlo a cabo, atendiendo las prioridades que planteamos en campaña electoral, y con una planificación de las prioridades más importantes. Nos toca hacer una previsión de la evolución de los ingresos, y sobre todo de su dimensión de presión fiscal, para poder identificar en cada ejercicio la defensa y solidez del gasto corriente, acentuando el margen para abordar las inversiones necesarias.
En segundo término, no hace falta decir que el panorama político nos condiciona para hacer esta previsión. El 10 de noviembre habrá de nuevo elecciones generales.Y el curso político nos hace pensar que tendremos pronto nuevas elecciones al Parlament.
A nivel estatal, la situación de bloqueo de la que no hemos podido salir provoca, entre muchos otros problemas, que en 2020 llevaremos tres años, tres ejercicios, con el presupuesto del Estado prorrogado. Y en Catalunya, no lo olvidemos, lo superamos: a pesar de la clara mayoría parlamentaria, están prorrogados desde 2017, unos presupuestos con un gasto social per cápita heredero de un duro recorte.
En conclusión, es probable que hasta 2021 –en el mejor de los casos–, no haya nuevos presupuestos ni para España ni para Catalunya. Esto significa que las administraciones que deberían estar a nuestro lado, no lo van a estar, no van a asumir nuevos compromisos.
Tercero, y último: la situación, como se ve, no es nueva. Desde los ayuntamientos ya nos hemos tenido que ir adaptando –y, por desgracia, acostumbrando– a sacar adelante nuestras cuentas con cierto grado de incertidumbre, sin poder acometer ciertos proyectos que requieren pedir créditos, y solo con la certeza de nuestra propia capacidad financiera en el capítulo de ingresos. Quiero recordar, también, las limitaciones que la legislación actual (la llamada “regla de gasto”) impone a la capacidad de inversión de los entes locales.
Repito, no es nuevo. Hemos vivido una crisis en la que la desvalorización del trabajo –menos empleos fijos, salarios más precarios que no están en consonancia con el coste real de la vida– ha hecho salir a la luz las frágiles costuras de nuestra economía. Muchas familias, primero cuando perdieron sus trabajos, y luego con salarios insuficientes, tenían problemas para llegar a fin de mes y el límite de lo que es pobreza ha sido volatilizado. Cuando los ayuntamientos somos el primer peldaño de las ayudas sociales y la primera ventana a la cual acudir, nos hemos encontrado que se recortaba al máximo nuestro margen de maniobra financiero.
Por eso, trabajaremos en un marco de prudencia, porque identificamos la posibilidad de un período de inestabilidad. Y debemos estar muy atentos a la desaceleración de la actividad económica, que nos puede llevar a un repunte del desempleo, que es el escenario que más nos preocupa, con estos antecedentes.
